Durante la tercera sesión ordinaria, del segundo periodo, la diputada refirió que se impondrían de uno a tres años de prisión y hasta 100 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 150 días de multa al que por razones de edad, sexo, género, embarazo, estado civil, origen étnico o nacional, lengua, religión, ideología, preferencia sexual, color de la piel, condición social o económica trabajo, profesión, características físicas, discapacidad o condición de salud; o, cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana, niegue, retrase, restrinja o abandone un servicio de salud; sin causa justificada y poniendo en riesgo la vida.
Se incluye en el Código Penal el término crímenes de odio cuando el inculpado lo comete por la orientación sexual, preferencia sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima; condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; lengua; religión; edad; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; estado civil; ocupación o actividad de la víctima.
Al servidor público que en ejercicio de su función, incurra en alguna de las conductas previstas en este artículo, niegue o retrase a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho, además de las sanciones previstas, se le impondrán destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por el mismo lapso de la prisión impuesta.
En tribuna, la legisladora indicó que Soy Humano, A.C. ha documentado los múltiples crímenes de odio en Veracruz del año 2012 al 2016, entendiendo por aquellos como, el temor, odio o aversión irracional hacia las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero e Intersex.
Dijo que del análisis, revisión, y estudio comparativo de los denominados crímenes de odio identificados por Soy Humano, A.C., identifica una vertiente más de protección de derechos humanos, en especial, el derecho a la protección de la salud encaminada también a desincentivar; o, en el mejor de los casos, evitar actos que vulneren, discriminen, o generen violencia.