La diputada María del Rocío Pérez Pérez, integrante del Grupo Legislativo de MORENA, presentó un anteproyecto con punto de Acuerdo para exhortar al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) a que inicie una auditoría al proceso de asignación de contratación de deuda de los municipios autorizados por el Congreso Local.
En su anteproyecto, la legisladora plantea que el ORFIS observe el proceder de los Ayuntamientos que suscribieron contratos para la instalación y mantenimiento de la luz. Ello derivado de la autorizaciónde la actual Legislatura a esos ayuntamientos en la sesión del pasado 9 de mayo.
Comentó que fueron los ayuntamientos de Altotonga, Boca del Río, Huatusco, Nanchital de Lázaro Cardenas del Río, Oteapan, Playa Vicente, Pueblo Viejo, Rafael Delgado, Tantoyuca, Tlilapan, Tuxpan y Zontecomatlán los que solicitaron créditos para la mejora de su municipio, sumando 347 millones 773 mil pesos. Por lo que -indicó- el trabajo de todos los legisladores es exigir la transparencia del uso de los recursos.
Dijo que debe exigirse un gobierno austero, por ello exhorta a que se realice una auditoría que vigile detalladamente a cada municipio.
Añadió que el Estado de Tlaxcala es un ejemplo ya que cuenta con una ley que prohíbe la reestructura de deuda y obliga a liquidar los préstamos solicitados en un plazo no mayor a un año.
“Se debe poner atención en el pago de pensiones, teniendo control en los préstamos, inversiones e infraestructura y los servicios de saneamiento y alcantarillado puedan ser suministrados por cada municipio como lo hacen en el Estado de Sonora” abundó.
Al anteproyecto se sumó el diputado Juan Manuel de Unanue Abascal, quien enfatizó que los legisladores deben apoyar a los municipios para la creación de nuevas obras púbicas, debido a que Veracruz es un estado quebrado financieramente.
Explicó que cuando algún municipio solicite préstamos bancarios a fin de generar mejoras sean autorizados y posteriormente se solicite la transparencia de los recursos ejercidos.
El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y dictamen correspondiente.