Para agilizar el proceso legislativo y la publicación de una ley en la Gaceta Oficial del Estado, el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Congreso local propuso una iniciativa de reforma al artículo 36 de la Constitución Política del Estado para establecer disposiciones a fin que las leyes o decretos surtan sus efectos a la brevedad.
Durante la décima sesión ordinaria, del primer año de labores, el diputado Carlos Antonio Morales Guevara presentó la iniciativa que indica que se considerará aprobado por el Ejecutivo la ley o decreto no devuelto con observaciones totales o parciales al Congreso dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción.
Al término de este plazo, si no hubiere observaciones, el Ejecutivo deberá mandar a publicar la ley o decreto dentro de los tres días hábiles siguientes. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerada promulgada y el Presidente del Congreso ordenará inmediatamente su publicación en la Gaceta Oficial.
Los plazos a que se refiere el presente párrafo no se interrumpirán si el Congreso hubiere cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Diputación Permanente.
La ley o decreto devuelto con observaciones formuladas por el Ejecutivo será discutido nuevamente por el Congreso en un plazo no mayor a quince días, contado a partir de su recepción. En este debate podrá intervenir el Ejecutivo para motivar y fundar las observaciones y responder a las cuestiones que sobre el particular formulen los diputados.
Si la ley o el decreto son confirmados por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, será reenviado al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Si las observaciones del Ejecutivo contuvieren una propuesta modificatoria a la ley o decreto, el Congreso podrá aprobarla con la misma votación señalada en el párrafo anterior.
En tribuna, el diputado subrayó que las normas relativas al proceso legislativo deben garantizar el respeto entre poderes, ya que esta Soberanía aprueba la creación, reforma o supresión de leyes de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y a las condiciones económicas, sociales y políticas que la época demanda.
Manifestó que las sociedades modernas basan su organización política en la división de poderes, a partir del modelo inspirado por el enciclopedismo francés, los movimientos sociales y las repúblicas constituidas a finales del siglo XVIII, como un mecanismo para evitar la concentración unipersonal de facultades que en antaño degeneraron en absolutismos.
Para su estudio y dictamen, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
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