Con el asunto de su desafuero a Tarek Abdalá y a Alberto Silva les ocurre igual a quienes en los Estados Unidos están condenados a muerte y cuando están a punto de ser ejecutados llega la orden del aplazamiento, iniciando un nuevo periodo de incertidumbre; en el caso concreto del desafuero solicitado por la Fiscalía veracruzana es manifiesta la protección de sus adláteres de partido, sin embargo, su condición actual tiene un plazo constitucional para su finiquito, entonces al no contar con esa protección deberán enfrentarse a las acusaciones formuladas por la Fiscalía, salvo que por deformaciones de nuestro sistema político logren otro cargo de elección popular. Mientras tanto no se les procese seguirán disfrutando de un status social y económico conseguido de no muy buena manera.