En congruencia con la apertura y cooperación que México sostiene con los organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos, nuestro país participó en el 165º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra del 23 al 27 de octubre en Montevideo, Uruguay, luego de haber hospedado el periodo anterior en la Ciudad de México en septiembre pasado.
En Montevideo, la delegación mexicana participó en tres audiencias públicas, en las cuales también participan los Comisionados de la CIDH y los representantes de la sociedad civil. La delegación inició su intervención enfatizando la obligación del Estado mexicano de garantizar la seguridad de todas las personas en su territorio, combatir la criminalidad, y garantizar los derechos humanos.
En la primera audiencia, relativa a la situación de la prisión preventiva en nuestro país, la delegación mexicana destacó la reciente entrada en vigor e instrumentación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en todo el país, el cual armoniza el principio de presunción de inocencia y prevé medidas alternativas a la prisión preventiva, a fin de proteger los derechos humanos de quienes se encuentran sujetos a un proceso penal en cualquiera de sus etapas.
Asimismo, destacaron la reciente entrada en vigor de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y la aprobación de la Ley General en materia de desaparición forzada, instrumentos que además de tipificar estos delitos, normarán la actuación de las autoridades los tres órdenes de gobierno y establecen medidas de atención, ayuda asistencia, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las víctimas.
En la audiencia sobre la situación de derechos humanos en Coahuila de Zaragoza, el Estado mexicano destacó los avances legislativos, programáticos y de políticas públicas que se han realizado en esa entidad en la materia. Entre otras acciones, se destacó la creación de instituciones y mecanismos especiales para la investigación de delitos, la aplicación de protocolos especializados en las labores de seguridad pública, así como el diálogo continuo con víctimas del delito, sus familiares, organizaciones de la sociedad civil y la academia.
En una tercera audiencia, el Estado mexicano comunicó los avances más recientes en torno a las medidas cautelares de la CIDH para el caso de los 43 estudiantes normalistas desparecidos en Ayotzinapa, Guerrero.
En las tres audiencias, así como en las reuniones de trabajo a las que fue convocado por la CIDH, el Estado mexicano recalcó que los tres órdenes de gobierno realizan esfuerzos para atender los retos que actualmente enfrenta en nuestro país en materia de derechos humanos.
La delegación mexicana de alto nivel que representó al Estado mexicano, estuvo encabezada por el Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa y la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías. También intervinieron el Fiscal Especial del Caso Iguala, Alfredo Higuera y el Ex Subprocurador de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, Juan José Yáñez.