- La alternancia presidencial provocó una dispersión del control que detentaba el presidente, señaló Alberto Olvera, académico de la UV
- La clase política consideró fundamental conservar los poderes territoriales para triunfar en las contiendas electorales
El investigador Alberto Olvera dictó la conferencia inaugural de la Maestría en Ciencias Sociales
David Sandoval Rodríguez
06/03/2018, Xalapa, Ver.- El resultado de la democratización en México fue una fragmentación del poder político que había detentado el presidente y su partido, planteó Alberto Olvera Rivera, miembro del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIHS) de la Universidad Veracruzana (UV), el viernes 2 de marzo en la conferencia “Las elecciones de 2018 y el fin del régimen en México” que impartió en el Auditorio “Gonzalo Aguirre Beltrán” del instituto.
Su participación fue la actividad de apertura del semestre académico de la Maestría en Ciencias Sociales que se imparte en el IIH-S, explicó el presentador Ernesto Treviño Ronzón, académico y coordinador del posgrado.
“La vorágine del ciclo electoral nos atrapa y no nos permite observar de manera sistémica qué sucede detrás del mismo proceso político y democrático”, dijo al presentar al ponente.
Olvera Rivera estableció que para poder entender la crisis política que vivimos es necesario entender qué ocurre actualmente en el país.
El régimen político mexicano se fundó en un presidencialismo muy fuerte que estaba por encima de la Constitución y “por usos y costumbres, además de pactos entre élites, el presidente controlaba al partido único y, a través de él, al Congreso y manejaba los nombramientos de los gobernadores, quienes a su vez designaban a los diputados locales y a los alcaldes de los municipios, un sistema piramidal cuyo centro era el presidente”.
Lo único que impidió que este presidencialismo se convirtiera en una dictadura franca fue el pacto interno de la clase política, alcanzado en la época de Lázaro Cárdenas, de rotar la presidencia cada seis años y prohibir la reelección en todos los cargos de elección popular, esto fue un elemento central para la estabilidad del régimen, apuntó.
Sin embargo, la transición a la democracia generó una consecuencia no prevista, puntualizó el investigador, “el presidente todopoderoso dejó súbitamente de serlo en la medida en que no pudo controlar el Congreso ni a un partido único con la capacidad de designar todos los puestos de la alta clase política”.
Por otro lado, la Constitución establece un régimen presidencial “débil” comparado con otros en América Latina, lo que significó un presidente que sin el control del partido oficial no podría tener el poder que antaño había ostentado.
“Éste es un cambio fundamental que tendrá consecuencias muy fuertes, no obstante que el resto de la estructura constitucional y el resto de la estructura política no cambió; en otras palabras: siguió el mismo tipo de sistema federal que se había establecido en la Constitución y la misma división de poderes”, además de continuar el régimen corporativo que el partido en el poder estableció.
Así como había un pacto para que el presidente controlara piramidalmente la representación política formal, también había un pacto con las organizaciones sociales como la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y otras organizaciones que formaban un corporativo que controlaba a la sociedad civil, a los sindicatos, organizaciones campesinas, profesionales y de comerciantes.
Dicha estructura se mantuvo viva a pesar de la transición democrática y el nuevo presidente emanado del PAN llegó a una presidencia débil, “heredando una estructura corporativa básicamente intocada, es decir, que todos los sindicatos continuaron teniendo un poder inmenso, que se convirtió en un factor conservador esencial” y siguieron operando en grandes áreas del Estado: la educación, la salud, la industria petrolera y las paraestatales en general.
Esto significó que si el presidente no podía imponer decisiones, el Congreso ganó autonomía política y los gobernadores ganaron un espacio de acción del que no disponían.
En ese sentido, los gobernadores y la presidencia panista impulsaron una descentralización del gasto, cuando en la época del presidente Miguel Alemán el gobierno controlaba el 90 por ciento del gasto público.
Este proceso de “traslación del ejercicio del gasto público a los estados y municipios fue un elemento que contribuyó a dispersar el poder, fundado en el ejercicio presupuestal”, subrayó el académico.
“A toda la clase política le quedó claro que lo fundamental es conservar los poderes territoriales para poder competir en la escena política nacional”, agregó.
Es por ello que al día de hoy tenemos un gobierno federal acotado y gobernadores que “aprenden a saltarse los controles y generar gobiernos locales con un enorme grado de autoritarismo, el caso paradigmático de esta época podríamos encontrarlo en Fidel Herrera, en Veracruz”.
Esta combinación de un gobierno nacional relativamente acotado por gobiernos locales no acotados producen una combinación explosiva: un sistema electoral competitivo pero con regímenes que día a día son radicalmente autoritarios, explicó Olvera Rivera.