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La Comisión Nacional de Derechos Humanos ya estaba en antecedentes de las anomalías en el Penal de Amatlán, desde 2016 alertó de la práctica de actividades ilícitas, de la insuficiencia del personal de seguridad y custodia. Fue evaluado con baja calificación, pero la advertencia no produjo efectos, salvo los lamentables y sangrientos acontecimientos del sábado pasado. El diagnóstico del gobierno estatal informa de la participación de dos internos de alta peligrosidad a quienes se trasladaría a otro penal y por ese motivo soliviantaron el orden con resultado de seis policías muertos. Los hechos revelan la urgente necesidad de revisar el funcionamiento de la política de reinserción social que hasta ahora resulta utópica.