De bote pronto, la titular de la Contraloría del gobierno estatal, Leslie Mónica Garibo, aclara que no existen 40 denuncias contra actos de corrupción producidos en algunas dependencias públicas. Con esta declaración descalifica lo que Sergio Vázquez Jiménez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, que integra también la susodicha Contralora, quien hizo aquel señalamiento. A dos deducciones conduce la declaración de la Contralora: la primera refiere a la inconveniencia de una Contraloría cuya titularidad la nombra quien se supone será “controlado” y evaluado, o sea, el gobernador. La segunda, que la Contralora está pronta a desvirtuar lo que se diga de su potencial evaluado, pero no para aclarar lo de las denuncias sobre nepotismo en las Secretarías del Trabajo y de Salud que hace dos meses ofreció investigar. Con esa conducta desacredita la Contralora función que tiene encomendada porque atiende más al interés de su jefe que cumplir con su obligación legal.