Los mega proyectos del actual gobierno federal, impulsados al ritmo de la 4T, carecen de la documentación necesaria para iniciar los trabajos y, sobre todo, convencer a los inversionistas de su rentabilidad. Ya supimos que un juez ordenó detener las obras del aeropuerto de Santa Lucía hasta que se den a conocer los estudios de impacto ambiental, que aún están en proceso; en similar instancia se encuentran el Tren Maya y Dos Bocas que al menos formalmente han iniciado procesos para su construcción. En lo que respecta al Tren Maya, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales convocó a la Secretaría de Turismo (Sectur) para que haga públicos los costos y a qué empresas se adjudicaron los estudios de factibilidad de esa obra. Eso ocurre cuando no se empieza por el principio.