El caso del municipio de Ángel R, Cabada, en donde los regidores y la síndica exhiben las supuestas fechorías del alcalde y este a su vez los acusa de extorsión no satisfecha como causa de su actitud revanchista, demuestra fehacientemente que la combinación de poder y dinero resulta muy virulenta, al grado de ocasionar la disputa pública que estamos presenciando entre los componentes del ayuntamiento del municipio referido. La reyerta ya es irreversible, obliga a las instancias correspondientes-fiscalía anticorrupción, por la denuncia presentada por los regidores contra el alcalde, y la Comisión de Vigilancia de la Cámara de diputados- a investigar y decidir en consecuencia. Caso tan sonado y de evidentes muestras de corrupción no pueden solventarse con arreglos políticos sino con la estricta aplicación del marco normativo.