Raymundo Jiménez
* FISCALÍA POLITIZADA
Este miércoles, el panista José Alfredo López Carreto, quien ha venido exigiendo a la LXV Legislatura local que acate el mandamiento del Poder Judicial Federal que ordena instalarlo en la presidencia municipal de Actopan ante la ausencia del alcalde propietario José Paulino Domínguez Sánchez –desaforado en marzo de este año y actualmente prófugo por otra orden de aprehensión girada en su contra por la presunta autoría intelectual del crimen del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez–, fue detenido arbitrariamente en Xalapa por elementos de la Policía Ministerial al pretender implicarlo también la Fiscalía General del Estado en el caso del comunicador asesinado en agosto de 2019; sin embargo, horas más tarde, el juez de control determinó liberarlo por falta de pruebas del delito que se le imputa, aunque le fincó algunas medidas cautelares.
Sería plausible la acción diligente de la Fiscalía a cargo de Verónica Hernández Giadáns si con esa misma determinación actuara en otros casos similares. Pero lamentablemente no es así.
Y es que, por ejemplo, el pasado fin de semana el diputado federal priista Héctor Yunes Landa, al confrontarse en Twitter con el diputado local de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, el ex senador y ex candidato del PRI a gobernador hizo un señalamiento bastante grave en contra del presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del estado al replicarle: “No suelo debatir con el chiquillaje. Contigo @JJavierGomezCa1 hice una excepción que hoy concluye. Ocúpate mejor de la denuncia en tu contra por fraude, aclara su participación en el homicidio del periodista Cándido Ríos y atiende tus constructoras. Eso sí es tener la cola larga”, publicó este lunes el legislador nativo de Soledad de Doblado.
Ríos Vázquez, corresponsal del Diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan, fue asesinado a balazos la tarde del martes 22 de agosto de 2017 por un comando armado cuando el periodista sureño se encontraba afuera de una tienda Oxxo en el poblado de Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, de donde es oriundo el diputado Gómez Cazarín.
Hasta ahora este crimen sigue impune y se ignora si la Fiscalía ha tomado declaración al líder de la bancada de Morena en el Congreso local. Tampoco la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) ha presionado como en cambio sí lo hizo en el caso de Celestino Ruiz Vázquez, de cuyo homicidio señaló inmediatamente como sospechoso al ex alcalde panista Paulino Domínguez, el cual fue desaforado por presunto desvío de recursos no obstante que él y la ex síndica Lucero Jazmín Palmeros Barradas –también inhabilitada del cargo y actualmente encarcelada– habían denunciado primero ante la Fiscalía Anticorrupción a la ex tesorera María Nelly Alarcón por la presumible malversación de 22 millones de pesos.
Sin embargo, mediante un acuerdo con el fiscal José Alfredo Corona Lizárraga, ahora comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Pprotección de Datos Personales (IVAI), Alarcón revirtió la denuncia en contra del ex munícipe y la ex síndica para ser destituidos y procesados penalmente; pero en vez de llamar al suplente López Carreto, del PAN, la mayoría de Morena en el Congreso del estado impuso ilegalmente como alcalde interino al dócil regidor de Movimiento Ciudadano, Eduardo Carranza Barradas, aliado de la diputada local morenista Mary López, aspirante a la presidencia municipal de Actopan en 2021.