- Por ello necesitan leyes orientadas a dotarles de una verdadera libertad de acción, gestión y ejercicio presupuestal
- Miguel Rubio, director general del Inecol, habló en representación de los 27 CPI
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- María del Carmen Pozo, directora general de EcoSur
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- Eugenio Rafael Méndez, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada
Paola Cortés Pérez
05/05/2021, Xalapa, Ver.- Los centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) requieren y necesitan de leyes orientadas a dotarles de una verdadera libertad de acción, gestión y ejercicio presupuestal, de la que no gozan actualmente, coincidieron los ponentes de la Mesa 11 “Autonomía de decisión operativa, técnica, administrativa y de gestión presupuestal de los centros públicos de investigación”.
La mesa de diálogo se llevó a cabo en el marco del Foro Interuniversitario “Jornadas de reflexión sobre el sistema de ciencia, tecnología e innovación que necesitamos para el futuro”, organizado por universidades públicas y privadas.
Los participantes fueron: Miguel Rubio Godoy, director general del Instituto de Ecología, A.C. (Inecol); María del Carmen Pozo de la Tijera, directora general de El Colegio de la Frontera Sur (EcoSur); Eugenio Rafael Méndez Méndez, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE); Martín Aluja Schuneman Hofer, del Inecol, y Martha Espinosa, secretaria de Planeación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional.
Miguel Rubio, en representación de los 27 centros públicos de investigación (CPI), dijo que el asunto que más inquieta a la comunidad académica de estos centros es la potencial pérdida de autonomía que conllevaría la aprobación del ante proyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (HCTI), al ser una característica fundamental para el desarrollo de la investigación.
Una segunda preocupación, dijo, es la poca representatividad que tienen en el Consejo de Estado, instancia propuesta en el anteproyecto de iniciativa legislativa para definir la agenda de Estado en ciencia, tecnología e innovación.
“Los CPI son la segunda fuerza científica del país, hacemos desarrollo tecnológico, formamos recursos humanos de excelencia, contribuimos de manera concreta al desarrollo y bienestar del país, de ahí que el anhelo sea contar con un estatuto jurídico específico para sus funciones: investigación, docencia, vinculación y generar conocimiento para beneficio de nuestro país y su gente.”
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- Martín Aluja Schuneman, investigador del Inecol
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- Martha Espinosa, secretaria de Planeación del Cinvestav
Para que los CPI logren una verdadera autonomía de operación y administración, y con ello una autonomía de gestión presupuestaria, se requieren leyes orientadas a una verdadera libertad de acción.
“Estoy segura que con esta autonomía los centros podrían incrementar considerablemente sus aportaciones en lo concerniente en ciencia, tecnología e innovación, en beneficio del país.”
Eugenio Méndez advirtió que México necesita más científicos, esto demuestra que ha faltado una visión y voluntad política para crear un marco normativo más adecuado a los centros.
“Tampoco se ha buscado dotarlos de infraestructura como institutos de investigación y no parece adecuado que dependan del Conacyt, se debe buscar desarrollar un sistema de centros autónomos.”
Consideró que este foro representa una oportunidad para generar cambios en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, y por lo mismo no debe dejarse pasar por alto.
Martín Aluja opinó que el anteproyecto de iniciativa de la Ley General de HCTI plantea una serie de conceptos que limitan, coartan y frenan la libertad de acción de los actores torales del quehacer científico, tecnológico y de innovación del país.
“Urge que todos los actores involucrados en el aparato científico y tecnológico defiendan una causa común: el futuro de este aparato y las instituciones que lo conforman.”
Por último, Martha Espinosa reiteró que los CPI deben tener una ley propia, algunos puntos que abordaría serían: nuevas reglas para optimizar los recursos humanos y presupuestales; diseñar mecanismos que sustituyan a los fideicomisos para lograr un apoyo multianual; permitir una autonomía de gestión administrativa y presupuestara; mantener vigilancia de los recursos ejercidos a través de las auditorías, que han confirmado su aplicación eficiente y transparente en beneficio de la ciencia mexicana.
“Sin ciencia no hay desarrollo y los científicos ansiamos contribuir al desarrollo de México”, expresó.