Xalapa, Ver., 10 de agosto de 2023
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez
El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy relevante para el tema de justicia; la situación de justicia en el estado de Veracruz y, ante la gravedad, la tremenda gravedad de lo que se ha estado decidiendo en tribunales y en juzgados de Distrito, para nosotros retoma la mayor relevancia, pues se trata de la seguridad y tranquilidad de las veracruzanas y los veracruzanos.
Esta situación nos ha llevado a cada Poder en el estado de Veracruz a hacer un planteamiento, y también la Fiscalía General del Estado, además de lo que ayer dio a conocer en sus propios medios de comunicación, nos ha solicitado hacer desde aquí mismo un planteamiento sobre el mismo tema que queremos hoy dar a conocer.
Verónica Hernández Giadáns, fiscal general del Estado
Históricamente el Estado de Derecho nace para dar seguridad y protección a los débiles y a las víctimas, así como, dirimir controversias e impartir justicia; lograr que nada ni nadie esté por encima de la ley. La Fiscalía General del Estado se rige bajo el respeto de los derechos humanos de todos; aunque el bienestar y los intereses de los débiles y las víctimas son nuestra principal motivación.
Hoy me dirijo a ustedes con gran preocupación por los criterios que están tomando algunos jueces, juezas y magistrados federales, quienes –bajo argumentos sustentados en un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos– en diversos juicios de amparo, han concedido suspensiones ordenando variar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dejando en libertad a imputados, probables responsables de delitos considerados por nuestra Constitución como graves.
De la misma manera, a pesar que los fiscales han argumentado en plena defensa de los principios de legalidad; al solicitar la prisión preventiva justificada en lugar de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar; algunos jueces, juezas y magistrados federales han impedido que se conceda dicha medida, aun cuando esa figura jurídica no fue motivo de estudio de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma cumple con los parámetros de regularidad establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Hablamos de presuntos secuestradores, homicidas, pederastas; de quienes presuntamente han cometido el delito de desaparición de personas, que habían sido detenidos, vinculados a procesos y que se les había impuesto prisión preventiva oficiosa que claramente tiene fundamento en el Artículo 19º de la Constitución General de la República, y hoy están de nuevo en la calle.
Respetamos, en su justa medida, la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque, como institución que forma parte de una sociedad democrática y humanista, debemos respetar las decisiones de los tribunales a los que sometemos nuestra jurisdicción; sin embargo, una interpretación extremista de toda decisión jurisdiccional, por bondadosa que ésta sea, me temo, pueda estar llevándonos a un extremo que agrave los riesgos y el sufrimiento de quienes son lamentables víctimas directas e indirectas de los delitos y de la sociedad en general.
Es importante que todos, magistrados, jueces, fiscales, abogados y la sociedad entera, imaginemos el sufrimiento que sienten las víctimas de los delitos al ver a los presuntos responsables deambular libremente por las calles. La sensación de inseguridad, el miedo, la ansiedad los paralizan y frustran a ellos y sus familias, al igual que a su entorno social y comunitario.
Comprendo la frustración y descontento de nuestros conciudadanos, especialmente de aquellas víctimas que seguramente con esas determinaciones jurisdiccionales, hoy se sienten desprotegidas y ante la sensación de inseguridad, han perdido la paz. La Fiscalía General del Estado de Veracruz siempre ha estado y estará del lado de las víctimas, actuando apegada a la ley y al respeto a los derechos humanos, privilegiando en todo momento la procuración de justicia que genera paz y confianza sociales.
Lamento los tiempos en que la política, parafraseando a Hans Kelsen, se vuelve el primer obstáculo del derecho y la justicia. Hoy se ven claras las intenciones maliciosas y perversas con fines políticos. El principal agravio es que la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha hecho valer su autonomía, tanto de otros poderes públicos y fácticos, como de grupos políticos, delincuenciales y complicidades de otros arreglos.
Por ello reconozco a las y los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz que con sacrificio diario, convicción y entrega, trabajan para erradicar la corrupción y la impunidad, laborando de manera responsable, apegada a la ley, teniendo como centro de su actuar a las víctimas de los delitos; fiscales, peritos, policías ministeriales y el demás personal de apoyo profesional y administrativo hacemos esfuerzos todos los días, mañana, tarde y noche, para evitar la impunidad que hoy se ha convertido en uno de nuestros principales problemas.
Con entereza, con fuerza y con pasión nos defenderemos de los intereses ilegítimos que hoy regresan bajo el pretexto de la discusión acerca de la prisión preventiva. Hoy más que nunca, es importante que todos; gobiernos federal, estatal, municipal, sectores privados y sociales, caminemos con el mismo objetivo hacia un pacto firme en contra de la impunidad y a favor de la aplicación estricta de la ley.
No podemos caer en la frivolidad de permitir que las disputas políticas y la falta de unidad en torno a temas fundamentales como lo son el de la seguridad pública, la procuración e impartición justicia lleguen a herir de muerte nuestro futuro y el de nuestra descendencia.
Tenemos que abonar y construir con inteligencia, creatividad y responsabilidad, en torno a una eficaz y eficiente coordinación de las instituciones estatales, fuerzas federales, y la suma de todos los grupos de la sociedad organizaciones civiles e iniciativa privada; pues sin ello, cualquier estrategia y acciones en contra de la inseguridad y a favor de la justicia serán insuficientes para afrontar los grandes retos que en esta materia tienen Veracruz y México.
Reitero a la sociedad veracruzana, que seguiremos al frente de la Fiscalía General del Estado de Veracruz con valor, compromiso y convicción, haciendo valer el Estado de Derecho, para construir un Veracruz, con paz y justicia.
Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Como representante del Poder Judicial del Estado de Veracruz me resulta necesario externarle a la sociedad veracruzana mi preocupación respecto del actuar de los juzgadores federales por cuanto hace al otorgamiento excesivo de suspensiones provisionales contra la prisión preventiva, teniendo reporte de que en los diversos distritos judiciales de Veracruz han llegado hasta el momento 33 mandamientos en materia de amparo donde, sin mayor estudio del asunto, otorgan la suspensión provisional para el efecto de que cese la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, trayendo como consecuencia la libertad inmediata de los imputados en delitos tan graves como secuestro, pederastia, homicidio, abuso sexual de menores y otros de gran impacto social.
En la institución que represento siempre hemos velado por el cumplimiento irrestricto de la ley, así como de las determinaciones que la autoridad judicial federal emite; sin embargo, en esta ocasión no coincidimos con sus resoluciones, pues consideramos que de manera incorrecta o ilegal, desde el incidente de suspensión, resuelven el fondo del asunto, es decir, el fondo de los juicios de amparo, lo cual realizan a través de simples formatos, sin analizar las pruebas que existan en cada caso en concreto y desde luego sin sopesar los derechos de las víctimas, afectando, como ya referí, a las víctimas, los procesos y dejando vulnerable a la sociedad, ya que facilitan la evasión y sustracción de la acción de la justicia de los investigados.
Los juzgadores federales liberan a diestra y siniestra, aplicando fórmulas genéricas en todos los juicios de amparo que se promueven en contra de la prisión preventiva dictada por nuestros jueces; esto a su vez incide en la gobernabilidad del Estado, pues los jueces y magistrados de la Federación no toman en cuenta el impacto social que trae consigo dejar libre, de facto y sin análisis, a personas que representan un peligro inminente, inobservando la sentencia de la Corte Interamericana en el caso García Rodríguez vs México, donde se establece que la prisión preventiva justificada no es violatoria de los Derechos Humanos, pues existen procesos en los que resulta ser la medida idónea y proporcional para garantizar la seguridad de las partes, manteniendo el orden público.
Aquí me gustaría hacer un paréntesis y explicar que, si bien los amparos los otorgan contra la prisión preventiva oficiosa, no dan la opción para la prisión preventiva justificada; esto es, no analizan en cada caso en concreto, todas circunstancias que lo rodean, así como ya señalé, los derechos de las víctimas. Quiero decirle a todo el pueblo veracruzano que en el Poder Judicial del Estado velamos por el debido proceso, cuidando siempre a la ciudadanía, pues un buen juzgador no es aquél que sólo sabe de Derecho, sino que también resuelve con perspectiva social.
Margarita Corro Mendoza, diputada presidenta de la LXVI Legislatura de Veracruz
Los Poderes Ejecutivos y Legislativos federales, y en los estados, hoy representan en su inmensa mayoría a una nueva realidad democrática; lamentablemente, no podemos decir lo mismo del Poder Judicial de la Federación. En él siguen intactas, para desgracia del pueblo, las viejas prácticas de opacidad, donde la corrupción que impera entre jueces y magistrados federales hace que la justicia esté ausente y predominen los intereses económicos y políticos de la vieja clase política y la oligarquía.
El Poder Judicial de la Federación parece no haber entendido al pueblo de México; sus prácticas y resoluciones hablan de ello. El Presidente de la República ha explicado ampliamente cómo cada día jueces y magistrados federales liberan cuentas bancarias a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco; liberan a secuestradores, multihomicidas y violadores, bajo el cínico argumento de su autonomía. Sí, son autónomos pero del pueblo, sirven a la oligarquía que los nombró y se enriquecen sin ningún pudor; en Veracruz no es la excepción.
En los últimos 10 días, la justicia federal (con minúsculas) ha protegido y amparado no a las víctimas, no al pueblo, ha protegido y amparado a más de 30 presuntos delincuentes, entre ellos acusados de violación, pederastia, secuestro y homicidio. La gota que derramó el vaso de impunidad es la reciente liberación sospechosa y ofensiva de una jueza que protegió y liberó a un peligroso delincuente; no diré detalles, pero los hechos y circunstancias de los involucrados son del dominio público; así también, los jueces federales conocieron con más detalles el expediente.
A nosotros nos indigna y ofende este hecho; a ellos, debería darles vergüenza. Por ello quiero decirle claro y fuerte a los veracruzanos: nuestro compromiso es y será –hasta el último día de nuestro ejercicio– con la democracia, a favor del pueblo; estaremos del lado de la auténtica justicia y a favor de las víctimas; no permitiremos que –en su afán de proteger delincuentes– se calumnie y se denueste el trabajo de instituciones como la Fiscalía General de Veracruz y, sobre todo, del gran esfuerzo, entrega y compromiso que ha mostrado la Fiscal General en su desempeño.
Con gran esfuerzo recuperamos estas instituciones de las garras de los simuladores del viejo régimen de corrupción –no olvidemos a Winckler–, gracias al apoyo del pueblo que nos dio en las urnas ese poder, y no permitiremos el sabotaje a la justicia, a favor de la corrupción y la impunidad.
Hacemos un llamado a los veracruzanos a promover y participar en los cambios democráticos que hacen falta: reformemos desde sus cimientos al Poder Judicial de la Federación por la vía democrática, ejerzamos con responsabilidad nuestros derechos; que los ciudadanos nombren a los integrantes de los tres Poderes; promovamos la elección para todos y la revocación de mandato: el pueblo pone y el pueblo quita.
En estos tiempos de definiciones en la construcción de un nuevo Estado de Derecho, urge limpiar a fondo y restructurar las caducas estructuras de poder y hacer que los actos a favor de la justicia sean concurrentes entre el Poder Judicial y las fiscalías para que se garantice en todo momento la seguridad pública, donde el combate a la corrupción sanee a todas las instituciones y permita una convivencia dentro de una cultura de paz para el buen vivir de todas y todos los veracruzanos.
Gobernador Cuitláhuac García Jiménez
En el mismo sentido, el Gobierno del Estado de Veracruz desaprueba y denuncia la liberación de delincuentes, realizada por algunos jueces federales que mediante amparos chuecos han vulnerado los derechos de las víctimas.
En palabras llanas y simples, esos jueces optaron por proteger al delincuente, al asesino, al secuestrador, al abusador de menores y, tristemente, mandar por un tubo el dolor de las familias de las víctimas. Algunos de los argumentos jurídicos que utilizaron versan en ignorar principios básicos del Derecho y, sobre todo, en relegar la justicia que es el asunto de fondo que se debe ante las víctimas.
El caso de la jueza Angélica N no es ni el primero ni el único; quizá sí, uno en el que los lazos de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación quedan muy claros y al descubierto. Es por ello que, ante el pueblo de Veracruz, vengo a denunciar que en las tres últimas semanas jueces federales han decidido conceder libertad inmediata, en diferentes modalidades, para 33 presuntos delincuentes, de los cuales 21 son casos de homicidio, pederastia, violación y secuestro.
De acuerdo con las fiscalías, a jueces del Poder Judicial estatal y fundamentalmente a los principios constitucionales del Derecho, los jueces de Distrito en cuestión se exceden en sus resoluciones, se niegan a reconocer la gravísima situación en que ponen a las víctimas al saber que sus secuestradores ahora están libres. Por ejemplo, ¿qué dirá la niña que fue violada al saber que su abusador sigue viviendo al lado de su casa, porque él ahora está libre? No invento, es el caso penal 586/2023 con juicio de amparo 645/2023 del Juzgado Cuarto de distrito.
Voy a dar lectura sólo a algunos de los casos que agravian a la sociedad por la relevancia del tipo de delincuentes que están liberando.
Creo que con la lectura tan sólo de éstos se deja en claro que el Artículo 19º Constitucional quedó prácticamente de lado; casos graves señalados por este artículo que ameritan la prisión preventiva no se aplica. Como ven, esta situación es no sólo inadmisible, sino que rompe con el Estado de Derecho y lastima a la sociedad.
Por lo anterior es que hago esta denuncia pública, porque se vislumbra una estrategia perversa del Poder Judicial de la Federación al pretender, quizá de alguna manera, dañar la imagen de este Gobierno, sin importarles que a quien verdaderamente lastiman es a la sociedad veracruzana y ponen en alto riesgo a los familiares de las víctimas de los delincuentes que han liberado.
Como representante del Gobierno Constitucional y Legítimo de Veracruz, y en defensa de la sociedad, demando que se detenga esta perversidad y exijo que no se siga solapando a los jueces federales que han incurrido en excesos y han generado nuevas injusticias contra las víctimas.