Juan F. Fernández
Editorial
Como debe ser ya del conocimiento de muchos, la educación pública de este país vive momentos de una crisis que podría ser irreversible y afectar a cientos de miles de estudiantes de educación superior, así como a quienes aspiran a ella, con el consecuente efecto acumulativo.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superioir (ANUIES), ha venido planteando ante la Secretaría de Educación Pública la necesidad de una apoyo para solventar la quiebra técnica en la que se encuentran al menos 7 universidades estatales mexicanas: las Universidades Autónomas de Morelos, Zacatecas, del Estado de México y de Nayarit, junto con la Universidad Juárez de Tabasco, Benito Juárez de Oaxaca y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Estas instituciones no cuentan con el recurso para pagar las nóminas de sus maestros y empleados, poniendo en riesgo la educación de más de 220 mil alumnos de educación superior.
Se requiere una cantidad millonaria para el rescate, además de que se requiere que el prespuesto destinado a las Universidades de este país, no se reduzca sino que, por el contrario, se otorgue un incremento.
Se estima que son más de 25, las instituciones que se encuentran en vías de quedarse sin recursos, mientras que la SEP no ha dado una respuesta definitiva a este problema que se ha ido agravando con el paso de los días.
Se ha difundido también que “Al menos tres de las siete universidades públicas declaradas en quiebra participaron en desvíos multimillonarios en complicidad con dependencias del gobierno federal, a través de la triangulación de contratos”; la extendida corrupción ha alcanzado a las Universidades.
Pero, ¿Acaso nadie en este país se dio cuenta de lo que ocurría?, Y si se dieron cuenta, ¿no fueron capaces de decir nada?, ¿de señalar las redes de corrupción que, de ser así, alcanzaron a las universidades?. ¿Apenas se dieron cuenta las Secretarías de Hacienda y la de Educación Pública?. Si hubo desvíos por corrupción, es difícilmente creíble que nadie se diera cuenta y al no decir nada, se convirtieron en cómplices en perjuicio del pueblo.
Afortundamaente sí hubo una voz. La Universidad Veracruzana fue la primera y única institución con una Rectora que tuvo la entereza, la decisión y el compromiso de levantar la voz. De manera visionaria, percibió que éste no era un asunto menor que pudiera dejarse pasar y constituía ya un grave peligro para este país, pues las universidades públicas además de instruir, educan en conciencia a los ciudadanos, brindándoles las herramientas necesarias para crecer individual y colectivamente para la construcción de mejores sociedades.
Es de reconocerse ampliamente la actuación de la Dra. Sara Ladrón de Guevara, anticipando la magnitud del problema y que no permitió que éste se diera al interior de la Universidad Veracruzana. Gracias a la defensa que ella misma encabezó, por todos los medios legales a su alcance, y las medidas tomadas, la UV no está en riesgo de quiebra, ni de dejar sin trabajo a miles de empleados ni sin educación a miles de estudiantes de Veracruz y otros estados, y por si fuera poco, en tiempos de crisis logra la autonomía financiera de esa Casa de Estudios, que tendrá un presupuesto establecido en la Ley y no otorgado discrecionalmente.
La situación es grave aún, mientras la comunidad universitaria en Veracruz observa el desarrollo de estos sucesos cautelosa, pero en calma, gracias a que su Rectora decidió actuar, haciendo lo correcto, en el momento preciso.