- El investigador de Flacso considera que en 2019 la venta de dispositivos de seguridad será cercana a los 200 millones de dólares
Nelson Arteaga Botello, investigador de la Flacso
José Luis Couttolenc Soto
26/11/18, Xalapa, Ver.- Para Nelson Arteaga Botello, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sede México, algunas personas consideran que la instalación de videocámaras en ciudades y lugares públicos garantiza condiciones de seguridad, pero en realidad los sistemas “aportan información de datos personales que son administrados en un espacio de indeterminación jurídica”.
Sociólogo de profesión e integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 3, el ponente fue el primer participante en el Coloquio Videovigilancia, Política Pública y Derechos Humanos, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y la Facultad de Derecho de la UV, así como por la Flacso.
El evento se desarrolla los días 26 y 27 de noviembre en el Aula Magna “Guillermo I. Ortiz Mayagoitia” de la Facultad de Derecho, en donde a través de diversas perspectivas teóricas y análisis empíricos se trata el tema de la videovigilancia.
Arteaga Botello indicó que actualmente las inmobiliarias han comenzado a incluir este tipo de dispositivos en el diseño de sus conjuntos arquitectónicos, lo que se refleja en el crecimiento de esta industria en América Latina (AL); además, de 2008 a 2013 se mantuvo una tasa del 40.5 por ciento y de acuerdo a las previsiones para 2019 tendrá un repunte importante que alcanzará una venta aproximada a los 200 millones de dólares, por encima de otras regiones del mundo.
En el caso de México, el investigador sostuvo que durante 2011 y 2012 esta industria registró un incremento del 60 por ciento, el cual se mantuvo moderadamente hasta 2014, “cuando se detuvo por la introducción de las cámaras de vigilancia digital; sin embargo, en 2015 el mercado repuntó debido a que las entidades públicas y privadas ajustaron sus respectivos presupuestos para adquirir la nueva tecnología.
”Hay que señalar, no obstante, que el incremento de la videovigilancia en México no se ha hecho acompañar de una evaluación sobre su efectividad para hacer frente a la inseguridad, como sucede en otros países donde las cámaras ayudan en la prevención, reducción y reconstrucción de hechos criminales.”
Sostuvo también que las voces que reclaman la instalación de un número mayor de este tipo de cámaras pasan por alto los efectos que producen en el derecho a la privacidad y en el ejercicio de la ciudadanía, por lo que consideró que abrir la discusión a “este otro rostro de la vigilancia” resulta difícil en México ya que se ha convertido en un elemento central de la narrativa sobre la gestión de riesgos, “en donde las cámaras aparecen como la respuesta –si bien no la única, sí la mejor– a los problemas de inseguridad.
El coloquio fue inaugurado por Alberto Cruz Silva, secretario de la Facultad de Derecho. En el primer día de actividades participaron: Carlos Antonio Vázquez Azuara, quien habló de “La videovigilancia y su ofrecimiento como prueba en los juicios de orden criminal”; Arturo Miguel Chipuli Castillo, con el tema “Videovigilancia y corrupción: una relación compleja”.
Para el martes 27 está prevista la conferencia “Hacia la transterritorialización de la política pública de videovigilancia en México”, a las 9:30 horas; una hora más tarde se hará la presentación del libro Videovigilancia en México. Protesta política, conflicto y orden social, autoría de Nelson Arteaga Botello; a las 12:30 horas será la conferencia “Diagnóstico situacional del marco jurídico que regula la implementación de videovigilancia como política pública de seguridad pública en México con base en el respeto a los derechos humanos”; para concluir, a las 13:30 será la relatoría “Videovigilancia. Política pública y derechos humanos”, a cargo de José Francisco Báez Corona, del IIJ.
Alberto Cruz, Karina Nohemí Martínez y José Francisco Báez