Prácticamente ninguna de las dependencias que componen el Poder Ejecutivo escapa a desvíos de recursos detectados por la Contraloría del Estado y el por el Orfis, en unas el fenómeno es mayor que en otras, pero las irregularidades son factor común. Al interior de la sociedad civil priva la percepción de que habrá impunidad, pues hasta ahora nadie de los señalados por el dedo público está en la cárcel, ese sentimiento forma parte del deseo de castigo por el daño causado al tesoro público y el retraso o inoperancia en la implementación de programas sociales; la espera de acciones legales es impaciente pero sin duda las habrá una vez que se confirme documentalmente el daño cuyas proporciones son tan grandes que es imposible pasarlas por alto.