Desde el gobierno y la clase política justifican el pesado gasto electoral en nombre de la democracia, “para que el pueblo siga decidiendo el tipo de gobierno que quiere”. Pero ni el pueblo pone el gobierno que quiere ni el gasto electoral se justifica; porque los 29 mil 70 millones de pesos asignados en el proyecto de presupuesto 2018 son muchos pesos; mucho más que en 2012, cuando el Instituto Federal Electoral aplicó 14 mil 953 millones 906 mil 379 pesos, cuatro mil 292 millones 492 mil 730 pesos para las prerrogativas de los partidos políticos y 10 mil 661 millones 413 mil 649 pesos. La diferencia entre los que ahora pide el INE y el gasto de 2017 es de diez mil 727 millones 831 mil 30 pesos. Las sumas son estratosféricas e inexplicables en un país con más del 50% de su población en condiciones de pobreza. Peor aún ni la clase política, ni los partidos hacen el menor esfuerzo para hacer realidad la democracia en México.