Ha sido realmente azarosa la instauración de instituciones autónomas en nuestro país; hecha para el contrapeso del poder algunas de ellas han sucumbido por la intromisión de los partidos políticos que las han convertido en presas de sus respectivos intereses a través de cuotas a su interior. Primero el IFE y ahora el INE guardan en su integración a representantes de grupos políticos, aunque justo es reconocer que el INE ha logrado superar muchos escollos. Pero en lo que concierne al Sistema Nacional Anticorrupción, cuya cabeza no ha sido designada precisamente por ese conflicto de intereses, todavía no alcanza a plenitud su autonomía. En los Estados ocurre igual, véase sino cuanto ocurre con sus instituciones “autónomas”, que desde el IVAI hasta sus fiscalías carecen de todo crédito y confianza.