- Arturo Miguel Chipuli Castillo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV, analiza programa de gobierno federal
- El universitario habló de paradojas en la materia y también de que en el país existen obligaciones, pero el estado aún no las termina de ejecutar en el plano material
Arturo Miguel Chipuli Castillo, integrante del IIJ
José Luis Couttolenc Soto
12/08/18, Xalapa, Ver.- Arturo Miguel Chipuli Castillo, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), desarrolla la línea de investigación “Políticas públicas con enfoque de derechos humanos”, en la que indaga cómo se incluyen los derechos humanos en la aplicación de los programas de gobierno estatal y federal.
Explicó que su trabajo lo desarrolla con base en la investigación y análisis del “Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)” –de carácter federal y que se empezó a ejercer en 2013 y este año dejará de tener vigencia–, el cual buscó incluir a todas las dependencias de la administración pública federal con el fin de hacer eficientes las actividades y generar las pautas para un gobierno abierto.
De manera particular, Chipuli Castillo ha centrado su investigación en el tema del derecho al acceso a la información pública dentro del contexto del PGCM, en donde pudo vislumbrar que tiene un enfoque de los derechos humanos (DDHH) desde un punto tradicionalista y enmarcado dentro de las políticas públicas clásicas.
Dijo que el PGCM sólo cumple con la mitad del estándar internacional de DDHH, lo que lleva a pensar que el enfoque del programa de política pública no contempla a éstos, particularmente en el acceso a la información pública, pese a que en su diagnóstico el estado logró establecer algunos requerimientos y algunas brechas con relación al acceso a la información.
El investigador de la UV lamentó que se piense generalmente que los DDHH son únicamente un asunto de carácter normativo, que únicamente están plasmados en leyes, “pero ésta es una parte muy pequeña de todo lo que es el entramado de derechos humanos, porque también son ideologías, obligaciones y principios que se deben enmarcar dentro de toda actividad de los distintos órganos de gobierno, la administración pública federal no puede estar exenta de cumplir ciertas obligaciones, tanto en derechos civiles y políticos como en los económicos, sociales, culturales y ambientales”.
Agregó que en este caso las checklist se construyen a partir de todas las obligaciones que se encuentran dispersas en los tratados internacionales y en la normativa interna.
Refirió que a partir de 2011, con la reforma constitucional en materia de DDHH, se inició un boom en el que la mayoría de las instituciones públicas iniciaron una observancia más gradual de los mismos, “pero existe una paradoja, pues entre más se institucionaliza la parte de los derechos humanos, mayor es el riesgo de que se den violaciones en la materia.
”Y esto ha pasado en el caso mexicano, en donde mientras más promoción se ha hecho para que las instituciones velen por el cumplimiento de los DDHH, ésta ha sido una parte discursiva ya que no han observado el cumplimiento estricto de lo que es cada uno de los preceptos, nacionales e internacionales, como es el caso del derecho a la salud y a la vivienda, en donde hay una brecha muy amplia respecto de lo que dicen los tratados internacionales, de los que dice la Constitución Mexicana y de lo que en verdad sucede.”
Finalmente, Chipuli Castillo señaló: “Podemos llegar a una conclusión un tanto debatible, que el Estado mexicano ha adoptado el discurso de los derechos humanos de manera muy simbólica; es decir, reconoce que existen obligaciones, pero aún no las termina de ejecutar en el plano material, lo que es peligroso porque la Organización de las Naciones Unidas ha denunciado que México no cumple con sus obligaciones”.