En lo único que a Duarte de Ochoa le asiste la razón es que la sociedad mexicana ya lo juzgó, pues lo valora como el gobernador más corrupto de México. Sin embargo, en el orden jurídico la pena impuesta a quien tanto daño le hizo a Veracruz es pírrica y constituye un auténtico insulto a los veracruzanos, afectando las intenciones de la lucha contra la corrupción pues este delincuente pudiera salir en libertad a la vuelta de pocos años. Si bien el gobernador Yunes Linares difunde la acusación por desaparición forzada contra Duarte, en los hechos está sujeta a un sistema jurídico aparentemente diseñado más para beneficio del delincuente que para resarcir a la sociedad los daños provocados.