En política, cualquier dislate en que incurra quienes ejercen el poder como si fuera un imperativo categórico debe ser aprovechado cabalmente por sus opositores, así lo hace panismo veracruzano al manifestarse contra el gobierno estatal aprovechando cualquier pifia. En ese diagrama cabe la denuncia presentada por la bancada panista en el Congreso local ante la Fiscalía General respecto a la compra y arrendamiento de 160 patrullas para Seguridad Pública, porque consideran se incurrió en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, y tráfico de influencias, y porque, dicen, no se pidió autorización al Congreso como lo establece la Ley de Disciplina financiera. En realidad no extraña esa reacción del panisno estatal, pero lo destacable estriba en saber cuál será el trámite de la fiscalía, si el trámite es ipso facto o espera el turno que le corresponde