Todavía no se libra el gobierno del estado de Veracruz, supuestamente luchador incansable contra la corrupción, de la obligación de transparentar la adquisición de 120 vehículos acondicionados para patrullas policiacas, que con el pretexto de no dar a conocer a la delincuencia los implementos con los que cuentan esas patrullas ha reservado la información por un periodo de cinco años. Pero la compra debe transparentarse, dice la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Yolli García Álvarez, porque se usaron recursos públicos y es deber presentar las facturas correspondientes. En este caso, la omisión puede atraer denuncia penal, destitución del cargo, o por lo menos multa económica.