Salvador García Soto
Después de la reciente visita de Cuauhtémoc Blanco a Palacio Nacional, en la que el gobernador de Morelos se quejó amargamente por la falta de apoyo federal a su estado y hasta amenazó con dejar el cargo, el presidente Andrés Manuel planteó el tema de qué hacer con la entidad morelense y con el gobernador en una reunión de su gabinete de seguridad. Las cifras y el diagnóstico que le presentaron hablaba de un estado con serios problemas no sólo de seguridad, sino también de gobernabilidad, ante la debilidad e impericia del mandatario y la existencia de varios grupos que se disputan el control del gobierno estatal.
Fue tan duro el diagnóstico que le presentaron al presidente que uno de sus secretarios planteó incluso la posibilidad de tomarle la palabra al gobernador y buscar un proceso constitucional para aceptar su licencia y dar paso a una sustitución constitucional, aunque según la Constitución morelense, al no cumplirse aún los primeros tres años del mandato, el sustituto tendría que convocar a elecciones. Pero la propuesta fue atajada de inmediato por el presidente con un argumento que dejó claro que, más que la permanencia de Cuauhtémoc Blanco, lo que preocupa en estos momentos en Palacio es el efecto político que tendría su salida: “No podemos mover a Cuauhtémoc porque eso llevaría a que también salga Cuitláhuac de Veracruz”, se dijo en esa reunión, ante lo cual el tema se cerró y la instrucción fue “enviar toda la ayuda necesaria a Morelos”.
El problema para los morelenses no es sólo la inexperiencia y falta de oficio político de Cuauhtémoc Blanco Bravo, sino la indebida intromisión de su medio hermano Ulises Bravo Molina en asuntos públicos. Sin tener ningún cargo que lo justifique, el medio hermano del gobernador está generando una grave crisis en los poderes estatales, que puede conducir a un clima de ingobernabilidad.
Hay de hecho una fuerte pugna en el gobierno en el que se reconocen dos grupos: la llamada “Banda de los Güeros” integrada por el jefe de la Oficina del Gobernador, José Manuel Sanz Rivera; el secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Aureliano Mercado; el secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, y el Director de Comunicación Social, Alexander Ismael Piza Metcalfe. En el otro grupo, el que encabeza el medio hermano, Ulises Bravo, destacan el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, excolaborador cercano del exgobernador preso de Veracruz Javier Duarte; el director del IEBEM, Eliasin Salgado de la Paz, así como el director general de Procesos para la Adjudicación de Contratos, el exfutbolista Efrén Hernández Mondragón, quién, según se menciona entre proveedores del gobierno estatal, pide 20% del importe de las adjudicaciones, para entregárselas al jefe del grupo.
Mientras esto ocurre, Morelos se ubica como uno de los estados más violentos del país, con un homicidio violento cada siete horas en promedio, una entidad de alto riesgo para las mujeres, sin un proyecto consistente de desarrollo económico que impacte en la generación de empleos, en el apoyo al campo, el impulso a actividades productivas o la instalación de nuevas industrias. En suma, con un gobernador que no gobierna, un gabinete en pugna y la actuación irregular de familiares y allegados a Cuauhtémoc Blanco, en Morelos no solo no hay gobierno, sino que la ingobernabilidad está a la vuelta de la esquina.
