La vocación autoritaria que está
exhibiendo el gobierno del presidente López Obrador una vez más se hace
manifiesta en el caso que difunde Reforma sobre la investigación que se le
sigue a Alejandro Moreno, presidente del CEN del PRI sobre su patrimonio
inmobiliario. La Fiscalía toma como base una denuncia presentada por Ulises
Ruiz Ortiz el 22 de julio sobre la adquisición de 16 inmuebles, dos vehículos,
así como la posesión de cuatro cuentas bancarias; no pasa desapercibido la
posible filtración de este asunto a los medios con propósitos de interés político,
pues induce a pensar que se hace en respuesta a la actitud asumida por los
diputados del PRI en el Congreso Federal y para menguar la ya disminuida fuerza
política de este partido. En el boxeo se dice “pega a la cabeza para que el
cuerpo caiga”.