- Debe ser referente para académicos, estudiantes y egresados, dijo José Francisco Báez Corona
José Francisco Báez Corona, investigador del IIJ
José Luis Couttolenc Soto
04/11/2019, Xalapa, Ver.- En el marco del Coloquio “75 aniversario de la Universidad Veracruzana”, realizado los días 29 y 30 de octubre en el Auditorio “Héctor Fix Zamudio” del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Veracruzana (UV), el estudioso del derecho José Francisco Báez Corona analizó las implicaciones legales del Modelo Educativo Integral (MEI) de esta casa de estudios y dijo que debe ser un referente para académicos, estudiantes y egresados.
En su charla “Modelo Educativo Universitario en la práctica y en la legislación”, el investigador apuntó que un modelo representa una filosofía institucional respecto de la educación, un ideario en torno al cual se articulan planes y programas de estudio, y debe permear en todas las áreas de la UV.
Para Báez Corona, desde la perspectiva legal el MEI no se encuentra presente en la legislación universitaria ni a través de normas explícitas o de principios, o en elementos fundamentales como la visión y misión, aunque en el nuevo proyecto de Ley Orgánica se reitera la autonomía universitaria para generar el modelo educativo.
Destacó que los modelos educativos universitarios están vinculados a otras estructuras normativas nacionales e internacionales; en particular, el MEI está vinculado a declaraciones como las formuladas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así como al Artículo 3 constitucional; dicha normatividad contiene orientaciones marcadas por las tendencias dominantes en materia educativa, pero éstas deben ser aterrizadas al contexto particular de la UV en la construcción de su modelo educativo.
Por último, apuntaló que en el contexto universitario normas como la Ley Orgánica de la UV, el Estatuto de Profesores y Estudiantes, así como el contrato colectivo de trabajo, deberían contener una referencia directa y protección a los principios del modelo universitario, tarea que está pendiente de ser articulada adecuadamente.