- El humanitarismo se diluyó y con el fin de concretar el T-MEC se modificó la política nacional en la materia, sostuvo Claudia Ocman, de la BUAP
- Participó en el 4to Congreso Internacional de la Red “Acciones locales en materia migratoria” en la Universidad Veracruzana
Claudia Ocman, académica de la BUAP, habló sobre el impacto del T-MEC en las políticas migratorias mexicanas actuales
David Sandoval Rodríguez
28/12/2019, Xalapa, Ver.- La política migratoria que ha asumido México osciló del humanitarismo hacia la contención con la finalidad de permitir la ratificación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), sostuvo Claudia Anait Ocman Azueta, académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
La catedrática impartió la conferencia “La actual política migratoria de México y los proyectos de desarrollo regional sostenible. Entre el humanitarismo y la contención”, como parte del 4to Congreso Internacional de la Red “Acciones locales en materia migratoria” que se celebró en la Universidad Veracruzana los días 21 y 22 de noviembre de 2019.
Ocman Azueta explicó que el gobierno que asumió la presidencia de México en 2018 “inició con una política migratoria humanitaria que priorizaba la seguridad humana sobre la nacional; sin embargo, ante el incremento del número de migrantes, la postura del gobierno empieza a cambiar y es criticada por especialistas al oscilar entre el humanitarismo y la contención”.
En un principio el humanitarismo estuvo presente en el discurso político para atender la migración en tránsito a los Estados Unidos y se tomaron acciones como el otorgamiento de permisos de tránsito temporal con fines humanitarios a los migrantes centroamericanos, con ello se buscaba evitar la migración indocumentada y era parte del plan de atención a la caravana migrante.
Estas acciones llevaron a considerar a México como una nación que brindaba apoyo y seguridad, distinto a las políticas que se imponen en los Estados Unidos, agregó.
“En los hechos esto se ha traducido en acciones que toman dos sentidos: por una parte, se promueven garantías a los derechos humanos, así como el desarrollo y aplicación de proyectos sostenibles para mejorar las condiciones de vida de las personas”, dijo.
Estas acciones incluyeron la aplicación del aparato de seguridad estatal para controlar el flujo de migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos; también se establecieron acciones para disminuir la migración forzada por causas estructurales y económicas que derivan de las políticas económicas.
Para los centroamericanos migrantes, Claudia Ocman dijo que “en un inicio el gobierno manifestó su interés en generar alternativas que brindaran oportunidades que propiciaran el arraigo de las personas en sus lugares de residencia”.
Por otro lado, para las poblaciones en México se pusieron en marcha programas y proyectos regionales en el norte y en el sur-sureste que buscaban contener la migración.
No obstante, el acuerdo migratorio al que México llega con Estados Unidos en 2019 ha sumado causales dado el tratamiento de la migración como un asunto de seguridad nacional.
Detalló que para cumplir con los compromisos del acuerdo migratorio se buscó promover el intercambio de información entre los países y el despliegue de la Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional de Migración en los estados de la frontera sur, además del desmantelamiento de la red de trata de personas y las organizaciones criminales que trafican con personas.
“Ante este panorama, en la práctica el humanitarismo se diluye al anteponerse los intereses económicos y para asegurar el intercambio comercial, así como la ratificación del T-MEC y, por otro lado, en su uso político se promueve el bienestar integral de la población vulnerable”, advirtió.
En el mismo sentido, Ocman Azueta destacó que el proyecto integral de la frontera norte no cumple con los requisitos de un proyecto de desarrollo sostenible al anteponer, nuevamente, los argumentos de la seguridad nacional.