El pasado lunes 5 de diciembre del 2022 en punto de las 12:30 horas, se celebró, en el salón “Benito Juárez”, ubicado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Xalapa, la 9ª Sesión Ordinaria del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas (MEC).
En dicha sesión el Mtro. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno, instauró el Grupo de Trabajo del MEC para el seguimiento de las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED); esto, derivado de la obligación que el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, asumió a través de la suscripción de la carta de entendimiento sobre el compromiso de atender las recomendaciones dictadas por el CED, a través del Mecanismo de Seguimiento coordinado por la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el pasado 15 de noviembre del 2022.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED), es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes.
En Veracruz, las autoridades que conforman el Grupo de Trabajo son todas aquellas que a su vez integran al Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas (MEC), el cual está integrado por Secretaría de Gobierno; Fiscalía General del Estado; Dirección General de Servicios Periciales; Comisión Estatal de Búsqueda de Personas; Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Secretaría de Seguridad Pública; Secretaría de Finanzas y Planeación; Secretaría de Salud, así como el Consejo Estatal Ciudadano. Se hace mención también sobre la facultad de, integrar a otras instituciones, entidades y/o dependencias que resulten necesarias para la atención de las recomendaciones del CED dentro del Grupo de Trabajo.
El CED, presentó el pasado 12 de abril del presente año, su informe sobre la visita a México que llevó a cabo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021. El informe presentado consta de dos partes y contiene 85 recomendaciones, en las que se señala, entre otras cosas, la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, al igual que las prioridades para atender dicha política y las condiciones mínimas para que ésta sea eficaz y efectiva; de fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación; de garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones; de remover obstáculos en la judicialización y crisis forense; de facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial, y reconocer el papel de las víctimas.
Se proyecta que para el 2023, se realizará un calendario de sesiones para aterrizar la ruta de trabajo que se deberá implementar para la atención a dichas recomendaciones.