La LXIV Legislatura dio entrada a la iniciativa de decreto, presentada por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro que reforma los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado para que Veracruz cuente con una legislación acorde al artículo primero constitucional en materia de derechos humanos sobre el tema y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer que en 2012 se hicieran al Estado mexicano.
De esta manera se establecería que el aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. Para efectos del Código Penal, el embarazo es la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio.
La iniciativa –signada por diputados de diversos grupos legislativos- prevé que a quien cometa el delito de aborto con consentimiento de la mujer embarazada o consienta que otra persona la auxilie o la haga abortar, se le aplicarán en libertad medidas específicas e integrales con respeto a sus derechos humanos conforme a lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 19 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, en un plazo no mayor a dos años.
Se consideran como excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto cuando sea causado por una conducta culposa de la mujer embarazada; el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida.
De no provocarse, la mujer embarazada quede en peligro de muerte o en riesgo su salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste la opinión de otro facultativo, siempre que ello fuere posible y la demora no aumente el riesgo o a juicio de dos médicos, exista razón suficiente de que el producto padece una alteración que dé por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves y se practique con el consentimiento de la mujer embarazada.
Al presentar la iniciativa, la diputada de MORENA dijo que el 8 de abril de 2016 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) acordó admitir la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado para Veracruz (AVGM), presentada por Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C., por la posible existencia de desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia los derechos humanos de las mujeres en el Estado de Veracruz, relacionados con la regulación y el acceso a los servicios de interrupción del embarazo.
La solicitud de AVGM se declaró admisible por los conceptos de agravio comparado relativos a: I) la inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 (exclusivamente en materia de interrupción del embarazo); y II) la tipificación del delito de aborto en el Código Penal del Estado de Veracruz.
El 22 de abril de 2016, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres notificó la admisión de la solicitud a Araceli González Saavedra, representante de Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres A.C., así como al Gobernador del Estado de Veracruz y a las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
El 23 de noviembre de 2016, la Conavim remitió el informe que elaboró el grupo de trabajo (conformado por instituciones públicas federales y estatales, así como por expertos y académicos) encargado del análisis de la AGVM por Agravio Comparado al Gobierno del Estado de Veracruz.
El 24 de marzo de 2017 el Gobierno de Veracruz aceptó las recomendaciones que se elaboraron en el Informe de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Veracruz por Agravio Comparado.
Firman la iniciativa, además de la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, las legisladoras Daniela Guadalupe Griego Ceballos, Patricia Rodríguez Cueto, Miriam Judith González Sheridan, Águeda Salgado Castro, Cinthya Amaranta Lobato Calderón, María Josefina Gamboa Torales, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Dulce María García López, Regina Vázquez Saút, así como los diputados Amado Cruz Malpica, Zenyazen Roberto Escobar García, Rogelio Arturo Rodríguez García y Sergio Rodríguez Cortés.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género y la de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, para su estudio y dictamen.
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