Uno de los temas prevalecientes en México durante es el de la lucha contra la corrupción, contra la cual en 2016 participaron activamente grupos de la sociedad civil con su propuesta de la conocida “Ley 3de3” por la que hubo reformas a la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, a la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de cuentas, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así nació en junio pasado el Sistema Nacional Anticorrupción que presidirán un Comité de Participación Ciudadana y seis instituciones públicas: el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa (antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, TFJFA), la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada Anticorrupción, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Consejo de la Judicatura. Si con esto no abatimos la corrupción, entonces estamos perdidos.