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La desconfianza de la sociedad respecto de los órganos de gobierno está a flor de piel y ese es uno de los motivos por los que se pone en tela de duda cuanto de ellas proviene, más aún cuando ya se formó una opinión respecto a un tema en lo particular. Esto ocurre ahora que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) determinó que Arturo Bermúdez Zurita no es responsable por el desvío de 340 millones de pesos “respecto de las observaciones FP-016/2016/014 DAÑ, FP-016/2016/015 DAÑ y FP-016/2016/016; según sus pesquisas quien se fue “cabezón” fue Alejandro Contreras Uscanga, exjefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, a quien le fincan esa responsabilidad. De lo perdido lo que aparezca es bueno, porque en Seguridad Pública como en otras áreas de gobierno durante el periodo de Duarte de Ochoa la rapiña recuerda el cuento de Ali Babá, pero elevado al cubo.