Ya es costumbre escuchar a quienes entran a una responsabilidad pública que denunciarán a sus antecesores por desviación de recursos, por ilícitos en contrataciones millonarias, etc., y aunque al final nada sucede se sigue el mismo sonsonete. Lo comprobamos con el asunto de las cámaras de videovigilancia, que según el nuevo titular de seguridad pública constituyen un fraude porque no funciona la mayor parte de las instaladas a pesar del contrato millonario para su colocación. Pero es noticia de refrito, repetida una y otra vez, mucho ruido para pocas nueces, con el agravante de avisar a los transgresores de la ley de la eventual nulidad de esa herramienta de gran utilidad en el combate a la delincuencia.