De resultar cierta la versión de Angélica Cristiani, ex candidata a diputada local por Nueva Alianza, sobre los familiares de la diputada Rosalinda Galindo que trabajan en el gobierno del estado (tres hermanos, dos hijas, esposo y cuñados), se configura un caso clásico semejante al reparto de un botín. Lo inadmisible radica en el uso del recurso público, es decir, dinero recabado mediante el fisco para destinarse al bienestar colectivo, no para beneficio de quienes aprovechan ventura electoral para provecho familiar. Pero está comprobado que es inútil acudir a la contraloría o a cualquier otra autoridad, porque al final todo está resultando en más de lo mismo.