La Constitución y la vida

Resulta, para un servidor, extraño e incomprensible que la mayoría de los Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra del sentir de la mayoría de las familias mexicanas, de las personas que viven en México, de nuestra tradición mestiza de protección a la vida, entendida como ese prerrequisito sine equa non para poder gozar, exigir y disfrutar de todos los demás derechos humanos que nos son propios, por el simple hecho de ser humanos y de estar vivos, hayan resuelto desaparecer el delito de aborto a nivel federal, al señalar que es inaplicable en contra de la mujer y todos aquellos que la auxilien, procuren o practiquen el legrado. 

Solo puedo entenderlo desde un punto de vista ideológico, no sólo de nuestro país, de izquierda (o, cuando menos, así lo presumen quienes detentan, hoy día, el poder del Estado), sino como una consigna de disminución de la tasa de población, medida impuesta por la agenda 2030, como un método de control de la natalidad para no traer a tantas nuevas personas a la vida.

Curiosamente, los poderosos países, los más neoliberales del mundo, son los creadores de esta agenda y de esta obligación de reducir el número de nacimientos a nivel global y, sin embargo, los países que con más ahínco y feroz imposición interna defienden y promueven, en la práctica, esta política de la muerte (incluída la eutanasia activa, entre otras estrategias de reducción poblacional) son aquellos que se hacen llamar socialistas o comunistas (se puede notar con mayor facilidad en los gobiernos latinoamericanos que se autodenominan de izquierda).

Sin embargo, el deber de los juzgadores en este país y de todas las autoridades señaladas como tales en la Constitución federal, es el de resolver conforme al derecho que más beneficie a la persona, a esa persona que es la más débil en la relación jurídica concreta, en la situación particular que se presente para su conocimiento y resolución, basada en el texto constitucional y, después, en las normas vigentes aplicables.

Y resulta que, a quien más se tiene que proteger en un choque entre el derecho a la vida de una persona y el derecho de alguien a decidir el asesinarla por un futuro e incierto proyecto de vida o por la simple y pura voluntad de hacerlo, es precisamente a quien va a ser asesinado, en el caso de que la resolución de los Magistrados, Ministros o jueces no le protegen, a lo que, por cierto, están obligados de conformidad con el artículo 1º, párrafo tercero de nuestra Carta Magna.

Y es que, amable lector, desde una postura legal (a la que no se ciñeron los Ministros que no protegieron la vida de personas con su decisión) no se puede legalizar el aborto como una práctica sin repercusiones que atenta contra lo más sagrado, efímero y finito que tenemos, que es nuestra vida.

Es tanto como desaparecer el feminicidio, el homicidio, el parricidio o el infanticidio.

Porque, de acuerdo al principio de interpretación pro persona (párrafo segundo del artículo 1º antes mencionado) si la Constitución no dice nada respecto a cuándo se es persona y desde qué instante o momento lo somos ya, hay que acudir a la normatividad internacional, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Resulta que en su artículo 4, párrafo primero, establece que todos los países o estados signantes deberán proteger el derecho a la vida de todas las personas que vivan dentro de sus fronteras y menciona que adquirimos el status de persona desde el momento mismo de la concepción, es decir, cuando el espermatozoide fecunda al óvulo dentro del vientre materno, creando no solo una vida distinta a la madre, sino una persona, con los mismos derechos humanos, reconocidos como fundamentales, que un niño (quien también es persona, sin capacidad de ejercicio, pero sí de goce)

La Corte no refiere a este numeral 4 y decide que la mujer tiene derecho asesinar a la persona que está dentro de ella, porque si no, se le niega el acceso al libre desarrollo de la personalidad (no entiendo como abortar abona a un desarrollo sano de la personalidad de alguien), a la salud (¿acaso no sabían los Ministros que ese caso de despenalización ya existía en los Códigos Penales?), a la igualdad (¿de un homicida, quizá?) y no discriminación (¿se discrimina a alguien que priva de la vida a otra persona acaso?) y a la autonomía reproductiva (lo que quiera esto decir). 

El fondo del asunto es que los Ministros de la mayoría en la Primera Sala, dicen que el aborto coarta el derecho a decidir. Aunque se decida por la muerte de una persona, legalmente así reconocida. 

Por tanto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando menos esa mayoría ignota y omisa de hacer su trabajo como se debe (de forma dolosa o culposa, no importa), dieron un pase directo, sin pasar baranda, a toda mujer que, durante el embarazo, decida una mañana asesinar a su hijo, a una persona como ella, sin respetar su vida o su propia existencia. 

Ojalá los médicos, que hacen el juramento de Hipócrates, empiecen a exigir su derecho humano y fundamental de decisión y de creencia, de no practicar los legrados, al considerarlos un asesinato de, como se ha demostrado legalmente, una persona, con todos sus derechos humanos, a través de la objeción de conciencia.

Los casos extraordinarios donde se tenía que intervenir para salvar la vida de la madre o para evitar infecciones o lesiones cuando el concebido moría durante el embarazo y (siendo también motivo de discusión, debate e investigación) en los casos de violación, se despenalizaba a quien cometía el aborto. 

Hoy, la política de la muerte ha dado un paso adelante; muchas personas que en su momento no fueron abortadas, están felices y celebran el asesinato legalizado por quienes, por mayoría, decidieron que el derecho a la vida de cierto tipo de personas si puede discriminarse, para dar importancia a la decisión libre y sin limitante alguna de cometer asesinato contra una persona que tuvo la desgracia de ser concebida en ese vientre.

Mucho hay que analizar y discutir, pero siempre que no sea con el alma concupiscible y sí con argumentos sólidos, entendiendo que el alma racional es la única que nos puede llevar al entendimiento de nuestros errores o, en este caso, de reconocer un acto doloso de unos Ministros que no conocen la Convención Americana ni ese particular artículo 4, o que resolvieron así para cumplir con agendas extranjeras neoliberales, aunque seamos un gobierno de “izquierda” y se acabe con la vida de, quizá, cientos de indefensas personas, con la autorización de los supuestos protectores de la Constitución.

MORALIDADES. 5 DE OCTUBRE DE 2023.