Los procedimientos de denuncia penal promovidos por esta administración siguen su curso sin afán de persecución contra nadie y apegados a la ley.
Tanto fiscalías como el sistema judicial deberán ser garantes del respeto y la observancia de los derechos de quienes resulten señalados y la presunción de inocencia deberá ser guía en el proceso actual de algunos exfuncionarios.
La presente administración no caerá en declaraciones mediáticas ni dichos que lastimen dicha presunción.
El titular del Poder Ejecutivo se abstendrá de emitir opinión sobre el procedimiento judicial que se lleva a cabo en contra de exfuncionarios para evitar el “linchamiento” mediático de quienes son ahora presuntos responsables y no delincuentes.