Mientras Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), solicita la urgente intervención del gobierno para desbloquear las vías férreas de Michoacán obstruidas por gente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con pérdidas de más de 25 mil millones de pesos, el presidente López Obrador acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para conocer que recomendación da a su gobierno para proceder en este caso. La respuesta de la CNDH es contundente: “la búsqueda de vías pacíficas de solución de conflictos no puede justificar que, si eventualmente las instancias de gobierno competentes determinaran la existencia de algún acto ilegal, se permita que las autoridades renuncien o se inhiban de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la integridad, seguridad e intereses de las personas, así como de cumplir y aplicar la ley… mandato al que no pueden renunciar o pretender delegar a terceras instancias”. Más claro, ni el agua