Instaurar un nuevo régimen no es cosa fácil, pues para concretarlo requiere de tiempo, convicción y esfuerzo para romper las resistencias al cambio del régimen que se pretende sustituir. Pero las acciones deben sujetarse al marco normativo establecido, que a la vez hace el papel de camisa de fuerza. Ignoramos si alcanzará el objetivo y si el cambio propuesto conviene al país. En ese proceso, “para garantizar el bienestar, la paz, la tranquilidad y la justicia”, AMLO reafirmó su determinación de abrogar la reforma educativa del sexenio pasado y, presionado por cumplir su promesa de campaña, expide un memorándum para dejarla sin efecto. Pero carece de rigor jurídico y ocasiona que José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señale que “es fácilmente impugnable jurídicamente”. Obviamente, el presidente no consultó con sus asesores jurídicos, y por las prisas lleva al gobierno a un ritmo del aquimichú “un pasito pa adelante y otro para atrás”